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Gobierno de España anuncia paquete de medidas contra crisis de vivienda ante ola de protestas
Los decretos deben pasar por el Parlamento, donde Sánchez no tiene mayoría; incluyen suspensión de desalojos hasta 2030 y control a fondos de inversión
Por El Economista ·
- España presenta dos decretos para atender crisis de vivienda con suspensión de desalojos hasta 2030
- Medidas incluyen renovación automática de contratos de alquiler y control a fondos de inversión
- Plan surge tras protestas en la Puerta del Sol, detonadas por desalojo de mujer de 87 años
- Decretos deben votarse el viernes en un Parlamento sin mayoría oficialista
- Autoridades regionales de Madrid dan 48 horas para desmantelar campamento
El Gobierno español presentó el martes un paquete de decretos para atender la crisis de vivienda, en medio de una ola de protestas que desde hace varias jornadas mantiene a cientos de activistas acampando en la Puerta del Sol de Madrid. Las manifestaciones exigen soluciones ante los precios disparados del alquiler y la compra en los últimos años.
Las medidas fueron anunciadas tras intensas negociaciones dentro de la coalición de izquierdas que encabeza el presidente Pedro Sánchez. Entre las disposiciones centrales figura la suspensión de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, así como la renovación automática de los contratos de alquiler al vencimiento. También se plantea identificar a los llamados fondos buitre para prohibirles seguir adquiriendo inmuebles y regular los alquileres de temporada y de habitaciones.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que el objetivo es paralizar las compras especulativas y terminar con los abusos en el mercado. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que se avanzará en la regulación de plataformas de alojamiento temporal. El presidente Sánchez calificó el paquete como ambicioso en un mensaje publicado en redes sociales.
El detonante inmediato de las protestas fue el desalojo la semana pasada de María del Carmen Abascal, una madrileña de 87 años que vivía en el mismo piso desde hace siete décadas, tras la adquisición del inmueble por una empresa de inversión. El caso generó indignación y amplificó el movimiento que reclama mayor protección para los inquilinos.
Los dos textos deberán votarse en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027. Rodríguez convocó a un pleno extraordinario el viernes y llamó a todas las formaciones, incluida la oposición de derecha y extrema derecha, a conformar una mayoría para aprobarlos.
En paralelo, las autoridades regionales de Madrid notificaron a la Delegación del Gobierno un plazo de 48 horas para desmantelar el campamento en la Puerta del Sol, al considerarlo ilegal. Los manifestantes se preparaban para una cuarta jornada de permanencia en el lugar.
Fuente original: El Economista