OFAC sanciona a exesposo de la gobernadora de Baja California por nexos con el Cártel de Sinaloa
Carlos Torres y su hermano son señalados como facilitadores políticos de la facción Los Mayitos, encabezada por El Ruso
Por EL PAÍS México ·
- OFAC sancionó a Carlos Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso por su presunta afiliación al Cártel de Sinaloa
- Ambos son identificados como facilitadores políticos de la facción Los Mayitos, encabezada por El Ruso
- La gobernadora Marina del Pilar Ávila se divorció de Torres el 8 de octubre de 2025, cuatro meses después de que EE.UU. les revocara la visa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por su presunta afiliación al Cártel de Sinaloa y su papel como facilitador político de la organización criminal. La designación ocurre un año después de que el gobierno estadounidense le retirara la visa, en mayo de 2025, y detalla el rol de Torres y de su hermano Luis Alfonso dentro de la estructura de Los Mayitos, facción del cartel encabezada por Jesús Alejandro Sánchez Félix, conocido como El Ruso.
De acuerdo con el comunicado de OFAC, ambos hermanos habrían actuado como enlaces políticos para resguardar las operaciones del Cártel de Sinaloa frente a la intervención de las autoridades estatales y federales. El organismo estadounidense señaló que habrían utilizado su cercanía con el gobierno de Baja California para favorecer los intereses del grupo delictivo en la entidad, particularmente en Mexicali y Tijuana. Las sanciones alcanzan también a la empresa Vida Orgánica Tijuana —cuyos dos figuran como accionistas— y en la que la propia gobernadora aparecía como titular hasta el mes pasado, cuando fue retirada del cuadro accionario.
Pocas horas después del anuncio, Carlos Torres difundió un comunicado en el que rechazó categóricamente las imputaciones y anunció que iniciaría las gestiones ante las autoridades estadounidenses para esclarecer los señalamientos. El exfuncionario aseguró que las investigaciones se sustentan en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República durante 2024 y que, hasta ahora, no se ha citado a comparecer a ningún testigo ni autoridad para sostener las acusaciones. Torres indicó que se reserva las acciones legales correspondientes.
Los reportes de inteligencia consultados por el Tesoro estadounidense sostienen que Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y cercano a El Ruso. Según OFAC, Mendivil García recibía recursos del líder de Los Rusos a cambio de subordinar la policía municipal a los intereses del Cártel de Sinaloa, facilitar las actividades de narcotráfico y ejecutar operativos contra grupos rivales. Parte de esos ingresos se habrían canalizado hacia los hermanos Torres a cambio de su protección política, con fondos que luego se blanqueaban a través de empresas y del financiamiento de campañas electorales.
El gobierno de Baja California emitió un comunicado para deslindar a la mandataria de cualquier responsabilidad en los señalamientos contra su exesposo. El documento recordó que la gobernadora y Torres concretaron su divorcio el 8 de octubre de 2025, cuatro meses después de que Estados Unidos anunciara la revocación de sus visas. El gobierno estatal sostuvo que el único interés que ambos comparten es el bienestar de sus hijos.
Torres se desempeñó como colaborador honorario del gobierno estatal desde 2021, cuando su esposa asumió la gubernatura, y participó como coordinador de proyectos estratégicos y sociales sin percibir sueldo. Antes de vincularse al entorno de Marina del Pilar Ávila militó en el PAN, donde fue diputado local en el Congreso de Baja California y diputado federal suplente. También fue candidato de ese partido a la presidencia municipal de Tijuana y delegado de la entonces Sedesol en la entidad. En 2019 integró el grupo que respaldó la llamada Ley Bonilla, una reforma aprobada ese año que pretendía extender el mandato de dos a cinco años del gobernador Jaime Bonilla, aunque la Suprema Corte la invalidó por inconstitucional.
Fuente original: EL PAÍS México