STPS: combate al trabajo forzoso responde a convicción, no a presión de EU
Gabriel Tamariz, de la Unidad de Política Laboral de la STPS, detalla a El Economista los tres principios que guían la estrategia mexicana en el marco del T-MEC.
Por El Economista ·
- La STPS afirma que su estrategia contra el trabajo forzoso responde a una convicción del Estado y no solo a evitar aranceles de EU.
- México no adoptará automáticamente los vetos ni sanciones que Washington aplica a regiones o empresas extranjeras.
- Un programa piloto permitirá investigaciones de oficio en textil, vestido, calzado, aluminio y paneles solares.
El gobierno mexicano sostiene que su estrategia contra el trabajo forzoso en el comercio internacional no obedece solo a la coyuntura de evitar aranceles o señalamientos comerciales de Estados Unidos, sino a una convicción del Estado para erradicar esa práctica y proteger a la industria nacional de la competencia desleal. Así lo afirmó Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.
Tamariz explicó que, ante las presiones internacionales y las determinaciones unilaterales de Washington en el marco de la revisión del T-MEC y de la Sección 301 de su Ley de Comercio, México no adoptará de forma automática las sanciones ni los vetos que Estados Unidos aplica a regiones o empresas extranjeras. El funcionario detalló las acciones instrumentadas para cumplir con el apartado 23.6 del T-MEC, que prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente con trabajo forzoso.
La autoridad laboral sustenta sus actuaciones en tres principios: debido proceso, debida diligencia de las empresas y responsabilidad compartida. Bajo el primero, la STPS realiza investigaciones propias con un protocolo que integra ocho fuentes de información; una de ellas son los expedientes que entrega el gobierno estadounidense a través de sus agencias, pero cada caso se somete a un análisis independiente antes de resolverse.
El funcionario subrayó que no existe posibilidad legal ni operativa de replicar los vetos territoriales que Estados Unidos aplica a regiones enteras, como ocurre con ciertas zonas de China, porque toda prohibición en territorio mexicano requiere una fundamentación jurídica individualizada. Para reforzar la aplicación de la normativa, el marco legal del acuerdo unilateral expedido en febrero de 2023 fue modificado en octubre de 2025, lo que dio mayor fluidez, eficiencia y flexibilidad al procedimiento administrativo.
Esa reforma permite que la autoridad laboral inicie investigaciones de oficio y no dependa solo de solicitudes de terceros. En el marco de la cooperación bilateral entre las tres agencias mexicanas involucradas —la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México— y sus contrapartes estadounidenses —el Departamento del Trabajo, la USTR y la CBP—, se puso en marcha un programa piloto.
Dicho esquema contempla la investigación de oficio en cinco sectores industriales catalogados como prioritarios: textil, vestido, calzado, aluminio y paneles solares fotovoltaicos.
Fuente original: El Economista